Tocas "Acepto" en unos términos que nadie lee, compras un café, empiezas un trabajo, abres un local. Cada acto es legal sin que lo notes. El café es una compraventa. El empleo es un contrato con reglas que la ley agrega aunque no las hayas escrito. El local puede ser una "sociedad", una persona aparte para el derecho: ella firma el alquiler y debe a los proveedores, así que tú, el dueño, puedes salir sin pagar sus deudas.
Todo eso es invisible hasta que algo se rompe: un proveedor no paga, un cliente sale herido, un directivo le miente a los inversionistas. Entonces las preguntas son viejas y prácticas. ¿Hubo un trato? ¿Quién responde? ¿Por cuánto? Quien estudia derecho mercantil aprende cuáles hay que hacer antes de que haga falta un juicio, y que las respuestas cambian al cruzar una frontera.
Esta pieza describe cómo funcionan en general los sistemas jurídicos. No es asesoría legal: las leyes difieren entre países y cambian, y los umbrales y las cifras también. Para una decisión real, consulta a un abogado habilitado donde vives.
Un juez enfrenta una disputa que ninguna regla cubre con claridad. ¿Qué hace? En la familia del derecho civil, la de España y toda Hispanoamérica, parte de un código: un texto sistemático redactado por juristas y legisladores. Busca el artículo, lo interpreta y decide. Los códigos vigentes son de épocas muy distintas: el Código de Comercio español es de 1885 y el mexicano de 1889; el Código Civil español, de 1889; el chileno, obra de Andrés Bello, se aprobó en 1855 y sirvió de modelo a buena parte de la región; el Código Civil y Comercial de Argentina, que unió lo civil y lo comercial, es de 2015. Las sentencias anteriores no obligan formalmente, aunque los tribunales se vigilan entre sí (en México, ciertas decisiones de los tribunales federales, la jurisprudencia, sí obligan).
En la familia del common law la jueza mira cómo resolvieron otros jueces casos parecidos y los sigue (el precedente, stare decisis). Nació caso por caso en Inglaterra y viajó con el Imperio británico: Estados Unidos, Canadá (salvo Quebec en derecho privado), Australia, India, Nigeria. Muchos lectores de esta pieza viven en esa familia, donde los contratos y los juicios se escriben de otra forma. Hay lugares mixtos: Escocia, Luisiana, Quebec, Sudáfrica.
La imagen honesta es de convergencia: los países de common law aprueban estatutos enormes y los de derecho civil publican sus sentencias y casi siempre las siguen. La diferencia está en el punto de partida, y todavía moldea los contratos: largos y defensivos en el common law, más cortos donde el código llena los vacíos.
Encima de todo está el derecho de la Unión Europea, una tercera capa para sus 27 Estados miembros. Los reglamentos se aplican directamente (el RGPD de datos personales); las directivas fijan una meta y cada país escribe su ley. El Tribunal de Justicia estableció en Van Gend en Loos (1963) y Costa contra ENEL (1964) que los particulares pueden invocar el derecho europeo y que prevalece sobre las leyes nacionales que lo contradigan (Derecho de la Unión Europea y de la integración regional, 34/12).
Resúmenes simplificados de cómo suele clasificarse cada sistema; los sistemas reales mezclan fuentes.
No toda promesa obliga. "Te presto mi bici" no; "te vendo mi bici por 100" sí. La receta clásica del derecho civil hispano pide consentimiento, un objeto cierto y, en varios códigos, una causa: la razón por la que cada parte se obliga. El Código Civil español dice que no hay contrato sin consentimiento, objeto cierto y causa (art. 1261); que en los contratos onerosos la causa de cada parte es la prestación o promesa de la otra, en los remuneratorios el servicio que se remunera, y en los de pura beneficencia la mera liberalidad (art. 1274). El chileno exige capacidad, consentimiento sin vicios, objeto lícito y causa lícita (art. 1445). El mexicano es más escueto: para que exista basta consentimiento y un objeto que pueda ser materia del contrato (art. 1794), y lo ilícito entra después, como causa de invalidez del objeto, motivo o fin (art. 1795).
El common law inglés pide otra cosa: una oferta, una aceptación en los mismos términos (si se cambia uno, es una contraoferta), consideration (cada lado da algo de valor, aunque no sea justo: un grano de pimienta puede bastar) y la intención de obligarse. Una promesa en deed, documento formal firmado, no necesita consideration. Una promesa por algo ya hecho ("gracias por lo de la semana pasada, te pago 50") es past consideration y en general falla, con excepciones estrechas como Pao On contra Lau Yiu Long.
Resultado práctico: España haría cumplir la promesa de "gracias por lo de la semana pasada", donde Inglaterra no. Alemania no exige ni consideration ni causa, y Francia quitó la "causa" como requisito autónomo en su reforma de 2016, conservando una protección parecida por otras vías. En todas partes, prometer regalar algo exige un acto formal: un deed en Inglaterra, escritura pública en España para donar un inmueble (art. 633) y en Argentina bajo pena de nulidad (art. 1552), un notario en Alemania (BGB §518).
Un modelo didáctico de las reglas generales descritas arriba, no la ley de un solo país; los códigos reales agregan muchas reglas de forma y de excepción.
Sin JavaScript: con oferta, aceptación, capacidad, fin lícito y algo a cambio, el contrato es exigible en las tres familias; un favor pasado lo hace exigible en España pero no en el common law; un regalo de una casa sin escritura no es exigible en ninguna.
Si llevas un negocio a tu nombre (comerciante individual, autónomo), sus deudas son tuyas: el Código Civil español dice que el deudor responde con todos sus bienes, presentes y futuros (art. 1911). Si constituyes una sociedad, el derecho crea una persona aparte que es dueña de los bienes y debe las deudas. Los socios pueden perder lo que aportaron, pero en general los acreedores no pueden perseguirlos personalmente. Eso es la responsabilidad limitada. La Cámara de los Lores lo confirmó en Salomon contra A Salomon & Co (1897): un fabricante de botas que convirtió su negocio en sociedad no respondía de sus deudas, porque la sociedad era "una persona distinta ante la ley".
Los nombres y el capital cambian por país: la "Ltd" británica, la LLC de EE. UU., la GmbH alemana, la S.L. española, la Ltda., la S.A. de C.V. y la S. de R.L. de C.V. mexicanas. En España, la S.L. exigía 3,000 euros; desde la Ley 18/2022 puede constituirse desde 1 euro, pero mientras no llegue a 3,000 se destina a reserva legal al menos el 20% del beneficio y, si en la liquidación no alcanza el patrimonio, los socios responden solidariamente de la diferencia (Ley de Sociedades de Capital, art. 4); la S.A. sigue pidiendo 60,000. Alemania pide 25,000 euros a la GmbH (12,500 pagados al inscribirla) y ofrece la UG desde 1 euro.
América Latina aportó una solución propia: la sociedad por acciones simplificada (S.A.S.), flexible y barata para emprendedores. Colombia fue pionera con la Ley 1258 de 2008, que dice que los accionistas solo responden hasta el monto de sus aportes; México la incorporó a la Ley General de Sociedades Mercantiles en 2016 y Argentina la creó con la Ley 27.349 de 2017. Los bancos suelen deshacer el escudo pidiendo un aval o garantía personal, y los jueces pueden "levantar el velo" ante el fraude. El Código Civil y Comercial argentino lo llama inoponibilidad de la personalidad jurídica: si la actuación de la persona jurídica se usa para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a los socios que la hicieron posible, que responden solidaria e ilimitadamente (art. 144). El escudo protege contra la mala suerte, no contra la mala fe.
Cifras ilustrativas en cualquier moneda. No incluye el levantamiento del velo, los impuestos ni los costos del concurso o la quiebra.
Sin JavaScript: con 10,000 aportados, 150,000 de deudas y 120,000 de patrimonio, el comerciante individual lo pierde todo (130,000 de pérdida total) y deja 30,000 sin pagar; en una sociedad limitada solo pierde los 10,000 y los acreedores se quedan con 150,000 sin cobrar.
La responsabilidad civil extracontractual (el tort del common law) es la que tienes con alguien con quien no firmaste nada. Los códigos la resuelven con una cláusula general corta. El español: quien por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, debe repararlo (art. 1902). El chileno: quien comete un delito o cuasidelito que daña a otro debe indemnizarlo (art. 2314). Francia tiene la suya desde 1804 (hoy art. 1240, antes 1382). El common law llegó por casos; el grande es Donoghue contra Stevenson (Cámara de los Lores, 1932): May Donoghue dijo que de una botella opaca de cerveza de jengibre salió un caracol descompuesto en un café de Paisley. Los hechos nunca se probaron (el fabricante murió y la demanda se arregló en 1934), pero el principio quedó: el fabricante debe un cuidado razonable al consumidor final, y lord Atkin lo construyó sobre la idea del "prójimo" (neighbour). Más en Responsabilidad civil (34/04).
¿Cuánto cuidado basta? El Código español remite a la diligencia que exija la naturaleza de la obligación y las circunstancias de personas, tiempo y lugar, y a falta de otra, la de un buen padre de familia (art. 1104). El juez estadounidense Learned Hand dio una regla práctica en United States contra Carroll Towing (1947): hay negligencia si la carga de la precaución (B) es menor que la probabilidad del daño (P) por su tamaño (L). Es una idea del common law estadounidense, con críticos; casi nadie la calcula en un juicio, pero explica por qué una solución barata para un riesgo mortal es un deber. La responsabilidad objetiva va más lejos: pregunta no si fuiste cuidadoso, sino si hubo defecto o actividad riesgosa. El Código argentino dice que quien causa daño por el riesgo o vicio de las cosas o por actividades riesgosas responde objetivamente, sin eximirlo la autorización administrativa (art. 1757). Para productos defectuosos, España hace responder a los productores por los defectos de lo que fabrican o importan (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, art. 135) y Colombia hace solidarios al productor y al expendedor (Ley 1480 de 2011, art. 20). La directiva europea de 1985 era objetiva; una nueva (2024/2853) la sustituye, incluye el software, y los Estados deben incorporarla antes del 9 de diciembre de 2026.
Cifras ilustrativas en cualquier moneda. La regla de Hand es una idea del common law estadounidense; en el derecho civil la medida del cuidado la dan la diligencia exigible y el criterio del juez.
Las historias de responsabilidad civil se cuentan mal a menudo. En Liebeck contra McDonald's (1994), una mujer de 79 años sufrió quemaduras de tercer grado en el 6% del cuerpo, pasó ocho días en el hospital para injertos de piel y el jurado la halló 20% culpable. Le concedió 200,000 dólares de compensación (reducidos a 160,000) y 2.7 millones de daños punitivos, que el juez recortó a 480,000: 640,000 en total. Las partes llegaron luego a un acuerdo por una suma no revelada. No fue el "café derramado, millones" del chiste.
Tres derechos principales protegen las creaciones, y protegen cosas distintas. Una patente protege un invento nuevo y no evidente durante 20 años desde la solicitud (el mínimo internacional del acuerdo ADPIC o TRIPS; México también usa 20), a cambio de publicar cómo funciona. El derecho de autor protege la expresión concreta de una obra (una canción, un libro, el código fuente) de forma automática, pero nunca la idea desnuda: la premisa de "una escuela de magos" es de todos. Una marca protege un nombre o logotipo que dice a los compradores quién hizo algo, y puede durar indefinidamente si se renueva y se usa. Un secreto empresarial no es un derecho registrado: dura mientras lo mantengas en secreto y la ley lo protege contra el robo.
Los plazos del derecho de autor son donde más difieren los países. El Convenio de Berna fija un piso de la vida del autor más 50 años; España, Argentina, Chile, Brasil, la Unión Europea, el Reino Unido y EE. UU. usan vida más 70; Colombia, 80; México, 100 años después de la muerte del autor (desde las reformas de 2003 para obras que seguían protegidas). Una misma obra puede ser libre de copiar en un país y estar protegida en otro. En EE. UU., la película de 1928 que presentó a Mickey Mouse, Steamboat Willie, pasó al dominio público el 1 de enero de 2024; solo esa versión temprana, no el personaje moderno.
Plazos para obras de autores individuales en países con las reglas generales; las obras más antiguas, las anónimas y los cambios recientes pueden diferir. El año de dominio público es el 1 de enero siguiente al fin del plazo.
En EE. UU. la regla de partida es el empleo a voluntad (at will): el empleador puede terminar un trabajo en cualquier momento por casi cualquier razón, y el empleado puede renunciar igual. Solo Montana, desde su ley de 1987, exige causa justificada tras un periodo de prueba. Hay excepciones (discriminación, represalias, sindicatos, contratos implícitos), pero ninguna ley federal obliga a una indemnización general. Casi todo el resto del mundo está en el otro extremo: despedir exige motivo, preaviso y a menudo un pago. Importa si vives entre las dos reglas: lo normal en EE. UU. es, en España o en Latinoamérica, un despido con costo.
Cada país hispano escribe su fórmula. España, despido improcedente: 33 días de salario por año de servicio, máximo 24 mensualidades (Estatuto de los Trabajadores, art. 56). México, despido sin causa: reinstalación o tres meses de salario (Ley Federal del Trabajo, art. 48) y, en una relación por tiempo indeterminado, 20 días por cada año de servicios (art. 50), más salarios vencidos hasta por doce meses si el patrón no prueba la causa. Colombia, contrato indefinido y salario inferior a diez mínimos: 30 días hasta el primer año y 20 adicionales por cada año siguiente (Código Sustantivo del Trabajo, art. 64, según la Ley 789 de 2002). Argentina: un mes de sueldo por año o fracción mayor de tres meses, con tope ligado al convenio colectivo (Ley de Contrato de Trabajo, art. 245). Chile, por necesidades de la empresa: 30 días por año y fracción superior a seis meses, máximo 330 días (Código del Trabajo, arts. 161 y 163). Son fórmulas para un caso estrecho en cada país; revisa siempre el texto vigente y tu contrato.
Fórmulas para un caso estrecho en cada país (ver el texto), ilustrativas y en cualquier moneda. No incluyen salarios vencidos, topes por convenio ni otros pagos. Los casos reales dependen del contrato, el sector, los convenios colectivos y el tribunal.
Sin JavaScript: con 8 años de servicio y 3,000 de salario mensual, las fórmulas del texto dan 0 en EE. UU., 26,400 en España (8.8 meses), 25,000 en México (8.3 meses), 17,000 en Colombia (5.7), 24,000 en Argentina (8.0) y 24,000 en Chile (8.0).
Quienes dirigen una sociedad manejan dinero ajeno, así que la ley les impone deberes fiduciarios. En el common law son dos: diligencia (decidir con información y atención razonables) y lealtad (no anteponer el interés propio). La regla del juicio empresarial (business judgment rule) protege a un consejo que actuó informado y de buena fe aunque el resultado fuera malo; los incumplimientos de lealtad, como el negocio consigo mismo, tienen mucho menos margen.
El derecho hispano dice casi lo mismo. En España, los administradores deben actuar con la diligencia de un ordenado empresario (Ley de Sociedades de Capital, art. 225) y con la lealtad de un fiel representante, de buena fe y en el mejor interés de la sociedad (art. 227); desde 2014, el art. 226 protege la discrecionalidad empresarial si el administrador actuó de buena fe, sin interés personal, con información suficiente y con un procedimiento de decisión adecuado. En Colombia deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, teniendo en cuenta los intereses de los asociados (Ley 222 de 1995, art. 23).
¿Ante quién se debe ese deber? La primacía del accionista dice que ante los dueños, que cargan con el riesgo residual; Milton Friedman la resumió en un ensayo de 1970 en el New York Times Magazine: la responsabilidad social de la empresa es aumentar sus ganancias dentro de la ley. El caso que se cita, Dodge contra Ford (Míchigan, 1919), sí ordenó a Ford pagar un dividendo extra de 19.3 millones de dólares, pero la frase sobre dirigir la sociedad para el beneficio de los accionistas es un obiter dictum, y estudiosos como Lynn Stout sostienen que se malinterpreta como regla obligatoria. Las visiones de grupos de interés (stakeholders) dicen que también cuentan trabajadores, clientes, proveedores y comunidades. La Companies Act 2006 del Reino Unido (s.172) manda actuar en beneficio de los socios "teniendo en cuenta" esos intereses; la ley alemana de 1976 da a los trabajadores la mitad de los puestos del consejo de supervisión en empresas de más de 2,000 empleados. En 2019, la declaración de la Business Roundtable de EE. UU., firmada por 181 directores ejecutivos, se comprometió con todos los grupos de interés; los críticos dicen que cambió poco. Colombia tomó otro camino con la Ley 1901 de 2018: cualquier sociedad comercial puede adoptar voluntariamente la condición de sociedad de "Beneficio e Interés Colectivo" (BIC) y actuar, además de por el beneficio de sus accionistas, por el interés de la colectividad y del medio ambiente. Los estudiosos siguen en desacuerdo; ambos lados tienen argumentos serios.
La ética pregunta qué debes hacer donde la ley calla o te deja. Los casos famosos enseñan más cuando se separa el mito del expediente.
| Caso | Lo que está establecido | Lo que se cuenta mal o sigue en disputa |
|---|---|---|
| Ford Pinto, años 70 | Un informe de Ford de 1973 comparaba unos 11 dólares por vehículo de arreglos al sistema de combustible con muertes valoradas (unos 200,000 dólares cada una). En Grimshaw contra Ford el jurado otorgó 127.8 millones; el juez recortó la parte punitiva a 3.5 millones. Ford llamó a revisión unos 1.5 millones de autos en 1978. | El memorando abarcaba a todos los fabricantes y una norma federal, no los costos de juicios propios de Ford. Las cifras de 500 a 900 muertes de las revistas no tienen respaldo; Gary Schwartz sostuvo que el historial de incendios del Pinto era parecido al promedio de su clase. |
| Tylenol, 1982 | Siete personas murieron por cápsulas envenenadas en Chicago. Johnson & Johnson retiró unos 31 millones de frascos y volvió a lanzar el producto en envases a prueba de manipulación; su cuota bajó de 35% a 8% y se recuperó en cerca de un año. | Nadie fue acusado nunca de los envenenamientos. El caso es un modelo de poner la seguridad por delante de las ventas, pero la empresa actuaba bajo fuerte presión pública y de los reguladores. |
| Volkswagen, 2015 | Un software detectaba las pruebas de emisiones y activaba los controles solo entonces; unos 11 millones de autos en el mundo. El costo global total de VW llegó a unos 33,000 millones de dólares a mediados de 2020. | Quién en la empresa sabía, y cuándo, todavía se resuelve en tribunales de varios países. |
| Odebrecht, 2001-2016 | En diciembre de 2016, Odebrecht (Brasil) y su filial Braskem se declararon culpables en Nueva York. El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que la empresa y sus cómplices pagaron unos 788 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2016, en más de cien proyectos de doce países, entre ellos Brasil, Colombia, México, Perú, Panamá, Ecuador y Argentina; las sanciones conjuntas con Brasil y Suiza sumaron al menos 3,500 millones de dólares. | Lo admitido por la empresa está documentado. Las causas contra políticos y ejecutivos concretos han seguido recorridos muy distintos en cada país, y un titular no basta para darlas por probadas ni por cerradas. El grupo se declaró en concurso en 2019. |
Fuentes: ver Fuentes y para profundizar.
El derecho mercantil es un conjunto de recetas sobre quién queda obligado, quién responde y ante quién rinde cuentas, y las recetas se escriben distinto en el derecho civil, el common law y el derecho europeo. Quien lo estudia aprende las que deciden quién carga con la pérdida: el contrato, la sociedad, el producto, el empleo y la administración.
Prueba esto: toma un acuerdo que aceptaste esta semana (un contrato de alquiler, de telefonía, los términos de una app). Encuentra quiénes son las partes, qué da cada una y qué pasa si una deja de cumplir.
Fuentes. Legislación consultada en los textos oficiales: Código Civil de España, arts. 633, 1104, 1261, 1274, 1902 y 1911 (BOE); Código de Comercio de España (Real Decreto de 22 de agosto de 1885); Ley de Sociedades de Capital, arts. 4 (según la Ley 18/2022) y 225 a 227; Estatuto de los Trabajadores, art. 56; Ley de Propiedad Intelectual, art. 26; Código Civil de Chile, arts. 1445 y 2314, y Código del Trabajo, arts. 161 y 163 (Biblioteca del Congreso Nacional); México: Código Civil Federal, arts. 1793 a 1795; Ley Federal del Trabajo, arts. 48 y 50; Ley Federal del Derecho de Autor, art. 29; Código de Comercio (1889) y Ley General de Sociedades Mercantiles (1934), todos en la Cámara de Diputados; Argentina: Ley 26.994 (Código Civil y Comercial), arts. 144, 281, 1552 y 1757, y Ley de Contrato de Trabajo, art. 245 (InfoLeg); Colombia: Ley 1258 de 2008, Ley 1480 de 2011 (art. 20), Ley 222 de 1995 (art. 23), Ley 1901 de 2018 y Código Sustantivo del Trabajo (art. 64), de la Secretaría del Senado; Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de España, art. 135. Plazos de derecho de autor por país: lista de Wikipedia, contrastada con las leyes de España y México. Familias jurídicas, precedente, Costa contra ENEL (1964) y Van Gend en Loos (1963): derecho comparado estándar (Zweigert y Kötz; Glenn). Salomon contra Salomon [1897] AC 22; Donoghue contra Stevenson [1932] AC 562; United States contra Carroll Towing (1947); Liebeck contra McDonald's, según registros judiciales y de prensa; Directiva (UE) 2024/2853 (adoptada el 23 de octubre de 2024; transposición hasta el 9 de diciembre de 2026). Reforma francesa de 2016: tal como se describe comúnmente. ADPIC (patentes, 20 años); Steamboat Willie, dominio público en EE. UU. desde el 1 de enero de 2024; Montana, ley de 1987. Dodge contra Ford (1919); Friedman (13 de septiembre de 1970); Companies Act 2006 s.172; Mitbestimmungsgesetz de 1976; Business Roundtable (agosto de 2019). Ford Pinto: Grimshaw contra Ford (1978) y Gary Schwartz, Rutgers Law Review (1991); Tylenol, 1982; Volkswagen, aviso de la EPA de 2015 y cifra a junio de 2020; Odebrecht: acuerdos de culpabilidad del 21 de diciembre de 2016 (Distrito Este de Nueva York), según NPR y la base FCPA de Stanford. Todo número de los interactivos se calculó en node. Adaptada de la pieza en inglés Business Law & Ethics.